De quien menos se sospechaba -un primo suyo- resultó ser la persona que planificó el asesinato de Yessenia Altagracia Rivera Figueroa, el pasado 26 de julio en la avenida Venezuela, a cuyo cuerpo agónico pegó fuego dentro del automóvil donde un menor contratado por 15 mil pesos como sicario le había dado un balazo en la cabeza.
Es esa una triste historia que revela el nivel de degradación y criminalidad que padece la sociedad nacional consternada hoy con la confesión de Emilio Rafael Trinidad Mendoza, el individuo que por no devolver una suma de dinero que le había entregado su pariente, se agenció los servicios de un asesino a sueldo sin mayoría de edad para ultimar a esa mujer, de 31 años y madre de dos niños.
El menor, quien iba en el asiento trasero del BMW, tuvo la sangre fría de dispararle a quemarropa a la infeliz mujer con la sola señal que le hizo Trinidad Mendoza, quien después que el sicario abandonó la escena del crimen en una motocicleta conducida por otro cómplice, guió el vehículo hasta una estación de gasolina donde adquirió un galón de combustible con el que luego lo incendió.
Para cumplir con el Código del Menor, el Ministerio Público remitió al sicario a una especie de guardería infantil donde deberá ser tratado como un angelito y devuelto a la calle antes de que pestañe un pollo, toda vez que, pese a que tuvo discernimiento para planificar un asesinato por dinero, no se considera un asesino a sueldo, sino “un menor en conflicto con la ley”.
En un elevado porcentaje de asesinatos, secuestros, asaltos, violaciones y otros crímenes violentos participan adolescentes reincidentes que entran y salen de los reclusorios como Pedro por su casa, sin que a ningún fiscal o juez se le permita probar que actuaron como adultos y condenarlos como tales. Aquí los menores tienen licencia para matar.
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