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viernes, 8 de julio de 2011

Paro nacional ¨disfrazado por el PRD¨ seguirá de manera programada luego de 11

Un Foro Social Alternativo aparece como convocante a una huelga general el lunes por 24 horas, en reclamo de aumento salarial para empleados públicos,  derogación del aumento a la tarifa eléctrica y que se modifique la Ley de Hidrocarburos, iniciativa que  cuenta con el respaldo del PRD, único polo opuesto al gobierno, sindicalistas oportunistas, pero con el el rechazo de gremios empresariales.

De más está predecir que al concluir esa jornada huelgaria y sin importar si logra su cometido  de paralizar el aparato productivo nacional, la situación de crisis económica y de exclusión social será igual o peor, aunque el Gobierno recibiría un claro mensaje de que la población padece desaliento.
El peligro  que entraña una convocatoria de esa envergadura es que  pueda convertirse en detonante de violencia o desenfreno que  agrave viejas heridas en el tejido social, por lo que  es menester  exhortar  a  quienes organizan y respaldan ese llamado a paro a ejercitar comedimiento.
Los convocantes a esa huelga deberían estar conscientes de que ejercen un derecho ciudadano limitado o restringido, pues la Constitución veda todo intento de paralización de servicios públicos básicos como los referidos a la salud, educación, transporte, electricidad y suministro de agua, aunque nada impide que la población se adhiera o rechace esa llamada a paro nacional.
Al Gobierno le corresponde  garantizar el sosiego público, integridad de las propiedades públicas y privadas sin  menosprecio de los derechos individuales y colectivos, por lo que los aparatos represivos del Estado deberían  circunscribirse  a acciones de carácter preventivo, lejos de  añeja vocación a la intolerancia o represalia.
El Gobierno ha advertido que la huelga general causaría pérdidas por  unos mil millones de pesos, pero la oposición política  considera que  ese paro se justifica como mecanismo para exigirles a las autoridades que enfrenten con mayor decisión la crisis económica, por lo que  tales opiniones deberían asumirse como una confrontación  o bifurcación de derecho, deber y obligación.
La mejor  receta que tendría el Palacio Nacional para  desactivar la huelga del lunes, sería   el anuncio de medidas inmediatas y efectivas que ayuden a disminuir la agobiante inflación y con una mayor y mejor comprobación de que el Gobierno de verdad ha decidido  cerrar compuertas  de dispendio.
Se reclama que antes, durante y después de la proyectada huelga general, las autoridades  ejerzan el papel de guardianes de derechos ciudadanos y no de verdugos de la población y que los convocantes del paro ni por asomo intenten conculcar  el derecho de  salir a trabajar de quienes no respalden esa iniciativa, que como se ha repetido, más que aliviar, agrava la enfermedad.

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