Varios grupos ¨populares¨ o ¨asesinos encapuchados¨, que por cierto no sobresalen por aprovechar los espacios de interlocución social para canalizar propuestas formales, han convocado para el lunes próximo un paro general de actividades, de 24 horas de duración, para exigir reivindicaciones sociales y económicas. Un paro nacional -si acaso tuviere éxito la convocatoria- solo traería perjuicios económicos para un país cuya economía no está en sus mejores momentos y condiciones.
Los extremismos, como un paro general de actividades, están reservados a situaciones y estados de cosas muy diferentes a los existentes. Las reivindicaciones defendidas por estos grupos no son materia a impulsar por la fuerza, y mucho menos cuando se sabe por experiencia que estos movimientos suelen ser aprovechados para actos contra la propiedad y el orden público.
La justeza de las causas alegadas por las organizaciones populares pierde sus méritos debido a los medios de fuerza elegidos para tratar de hacerlas valer. Nadie predica contra el derecho a la protesta pacífica que tienen estas organizaciones populares, y menos si asumieran el compromiso de impedir que a nombre de su causa se cometan atentados contra el orden o agresiones en perjuicio de quienes no se acojan a la convocatoria a paro. Hay tiempo aún para desistir de medios de fuerza que desdicen de la causa.
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