La DIGEIG viene a sustituir con más atribuciones a la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, organismo que también presidía el destacado jurista, en adición a sus funciones de asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico.
La nueva entidad tendrá entre sus atribuciones principales recibir, investigar y dar respuestas a todas las denuncias de corrupción en la administración pública, mientras que aquellos actos que puedan tener implicaciones penales los llevará al ministerio público.
Entre las responsabilidades del organismo también figuran establecer la confidencialidad como norma y ofrecer inmunidad y protección a los testigos o denunciantes, tanto de la ciudadanía como a los miembros de las Comisiones de Éticas que funcionan en las distintas instituciones del Estado.
De igual modo, la DIGEIG tendrá la facultad de recomendar las sanciones correspondientes, luego de tener los resultados de las investigaciones sobre denuncias de supuestas violaciones en perjuicio del Estado, la sociedad o los servidores públicos.
“Aplicar las sanciones que correspondan si la institución donde labora él o la servidora pública obvia la misma”, establece una de las facultades de la DIGEIG contenida en el decreto.
El nuevo organismo anticorrupción también tendrá la facultad de canalizar a las instancias correspondientes, las denuncias de actos de corrupción pública que por intermedio de la propia DIGEIG, el rumor público u otra vía, formulen personas o instituciones sobre actuaciones dolosas de funcionarios o empleados públicos.
En esos casos, los organismos correspondientes deben evaluar los méritos de las mismas y, en caso de que proceda, deben iniciar las tramitaciones legales correspondientes.
Atribuciones
Entre las facultades también figuran la de someter los hechos investigados al ministerio público, siempre que proceda, y dar seguimiento a los expedientes sometidos hasta su solución final, así como ofrecer respuestas a la sociedad o a las víctimas.
Otras de las atribuciones del nuevo organismo anticorrupción es exigir a los funcionarios que cumplan a tiempo con la presentación de la declaración jurada de bienes, y recomendar las sanciones correspondientes.
La DIGEIG también tiene a su cargo conocer los recursos jerárquicos que se interpongan ante la negativa de las instituciones a presentar las solicitudes de información, y evitar, cuando sea posible, recurrir a la vía judicial que conlleva la inversión de recursos, tiempo y conocimiento técnico especializado.
“La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental solicitará a los servidores públicos obligados a presentar la declaración jurada de bienes, entregar un informe financiero anual, a fin de evaluar la consistencia con su declaración. Esos informes serán requeridos entre el 15 y 30 de agosto de cada año”, establece el decreto.
En un considerando se establece el propósito del gobierno de ejecutar políticas públicas preventivas y reformadoras que contribuyan a elevar los niveles de honestidad, eficiencia y eficacia en la prestación de servicios, reconocer los comportamientos sobresalientes y penalizar las transgresiones al régimen ético y disciplinario de los servidores públicos. “Se ha evidenciado la necesidad de crear un organismo con independencia administrativa y financiera, que tenga la autoridad y los mecanismos suficientes para realizar investigaciones administrativas en tiempo oportuno, y para dar respuestas a las demandas de la sociedad ante un hecho de naturaleza improcedente que genere dudas sobre las actuaciones de servidores públicos, o en respuesta a una denuncia o ante el rumor público”, expresa uno de sus considerandos.
La creación del organismo anticorrupción también persigue revertir el desapego de la sociedad por lo público, incrementar la confianza interpersonal y fomentar comportamientos éticos en la administración pública.
Al momento de ser designado, Vincho Castillo ostentaba los cargos de presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción y asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico.
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UN ÓRGANO CON INDEPENDENCIA
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental es un órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental.
El decreto que la crea le transfiere todas las funciones, el personal técnico que fuere necesario, los activos pasivos y el presupuesto de la actual Comisión Nacional de ética y Combate a la Corrupción.
El poder ejecutivo le aportará del Presuspuesto Nacional los recursos necesarios para su funcionamiento.
El decreto establece que el órgano podrá recibir apoyo técnico y presupuestario de agencias de cooperación internacional donantes y organismos multilaterales.
“Se ordena a todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, ofrecer colaboración plena, entregar las informaciones que sean solicitadas, permitir el acceso a los archivos institucionales de ser requeridos, y dar respuesta en tiempo oportuno a la Direccion General de Ética e Integridad Gubernamental para el cumplimiento de sus responsabilidades”, explica el decreto.
La DIGEIG será una dependencia jerárquica del ministerio de la Presidencia de la República y deberá someter sus planes y propuestas al poder Ejecutivo para su conocimiento y aprobación. Tendrá un director ejecutivo.
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