Lo más graneado de la sociedad dominicana coincide en definir el informe de Amnistía como injusto y altamente discriminatorio, pues resalta el número de muertes que se atribuye a patrullas policiales, sin establecer si en cada caso se trató de un exceso de autoridad o de una situación generada por la violencia delincuencial.
En ese informe tampoco se menciona el casi centenar de oficiales, clases y alistados que ha caído durante el periodo objeto de estudio, como si la vida de un policía o militar no valiera nada o si el monopolio de la violencia no recayera en la autoridad sino que es atributo de los delincuentes.
No se objeta que el informe de AI o cualquier otro estudio respecto al desempeño de la Policía sea objeto de valoración y que órganos del Estado y de la sociedad promuevan alternativas de soluciones a partir de lo revelado o recomendado, pero usar una investigación incompleta y discriminatoria para sugerir la dimisión o despido del jefe de la Policía constituye un cretinismo mayor.
Al mayor general José Polanco Gómez se le tiene como un oficial competente, con vasta experiencia en el ámbito de la investigación de crímenes y delitos, que desde la jefatura de la Policía ha hecho todo lo posible por frenar el auge de la delincuencia, por lo que es injusto colocarlo como culpable preferido, como ha sido la intención del señor Manuel María Mercedes.
A esa sugerencia estrafalaria del proclamado presidente de los Derechos Humanos debe anteponerse el juicio externado por el senador José Rafael Vargas (PLD-Espaillat), de que el informe de Amnistía Internacional forma parte de un plan contra República Dominicana.
Como señala el legislador, casi a diario, delincuentes enfrentan con armas de fuego a la Policía, sin que en ese informe se resalte que decenas de agentes policiales y militares son asesinados por antisociales. Lo que se reclama es que se presente ambos lados de la moneda, y que ningún insensato pretenda sacar provecho político de la infamia.
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