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martes, 1 de marzo de 2011

CUIDEMOS LA IMAGEN DE NUESTRO PAÍS: Hay que hacer presión a la Dirección de Migración sobre el problema haitiano

Imposible aceptar como bueno y válido  la  expulsión por la fuerza de centenares de haitianos perpetrada por juntas de vecinos de los barrios  San José y La Mina, de Santiago, porque se trata de una acción  ilegal que no merece ningún tipo de aliento social.
Ninguna excusa pueden argüir  vecinos de esos sectores para  pretender aplicar la ley por propia cuenta, sin entender que  con  ese proceder  deleznable se causa  gran daño  a la imagen de República Dominicana en el exterior.

Ni aun  ante la inercia de la Dirección de Migración, que ha debido imponer  control en esas barriadas, a sus residentes les asiste derecho alguno de  poner en desbandada a haitianos ilegales o legales.
El presidente de la junta de vecinos de San José y La Mina, José Francisco Consuegra, declaró  que  esas expulsiones  masivas de haitianos “era la mejor forma de limpiar a nuestros barrios de esa gente”, lo que desvela un claro tinte de xenofobia.
 Aunque  el dirigente comunitario afirma que  los haitianos que trabajan o estudian no fueron  extrañados, se insiste en señalar que  la expulsión de  extranjeros, indocumentados o no, de  esas barriadas constituye un acto delictuoso, en razón de que a ningún particular le asiste derecho a aplicar la ley.
La mayor responsabilidad   en este drama que parece expandirse hacia otros barrios y comunidades del Cibao y la región Sur, recae sobre las autoridades, que no  han sido diligentes ante denuncias de sobrepoblación de indocumentados, algunos de los cuales incurren en la comisión de crímenes y delitos.
Se deplora la indiferencia mostrada por Policía, Migración y Fiscalía, que  no impiden tales expulsiones,  pero tampoco intervienen ante  el hecho de que  los comunitarios liberaron a unos 70 niños haitianos  encerrados en una pensión a los que adultos haitianos obligaban a  mendigar en las calles.
Quienes sacan por la fuerza a  ciudadanos haitianos de  barrios y  sectores residenciales, se colocan al margen de la ley, por lo que deben ser  apresados y  responder ante los tribunales por una acción delictuosa y deleznable.

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