Las autoridades planean anunciar que suspenderán las deportaciones y ofrecerán permisos de trabajo por dos años a inmigrantes no autorizados menores de 30 años y que reúnan ciertas características, ofreciendo así un alivio temporal y por vía administrativa a cientos de miles de personas que esperan beneficiarse del proyecto de ley Dream Act.
La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, planea anunciar la medida, de aplicación inmediata y que amplía drásticamente su discreción migratoria, que busca evitar que los despachos migratorios gasten tiempo y recursos deportando a personas que representan riesgo mínimo a la seguridad pública.
El anuncio ocurre días después de que activistas a favor del Dream Act anunciaran planes de tomar oficinas de campaña del presidente Barack Obama para presionarlo a emitir una orden ejecutiva que detenga las deportaciones, mientras el mandatario corteja activamente el voto hispano, crucial en varios estados, en su búsqueda de la reelección en noviembre.
Los beneficiarios de esta medida necesitan haber ingresado a Estados Unidos cuando eran menores de 16 años, haber residido de manera continua en el país durante los últimos cinco años y encontrarse actualmente en su territorio y cursar estudios actualmente, haber culminado la educación secundaria, obtenido un certificado de educación general (GED por sus siglas en inglés) o haber servido en las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera. También necesitan no haber sido sentenciados por delitos mayores, por faltas menores importantes, ni representar amenaza alguna a la seguridad pública. Los requisitos coinciden con los estipulados en el proyecto de ley del Drem Act, aprobado por la cámara baja en 2010 pero que no obtuvo los votos necesarios en el Senado y que buscaba beneficiar a un grupo de personas con esas características.
Sin embargo, funcionarios del gobierno estadounidense que hablaron con The Associated Press a condición de mantener el anonimato, dejaron claro que el beneficio administrativo anunciado el viernes será otorgado tras evaluar a cada solicitud por separado. "La suspensión de la deportación es temporal, es un beneficio por dos años y renovable, pero no es una solución permanente", dijo una de las fuentes. "Para que haya una solución permanente, el Congreso necesita actuar. Así que el gobierno seguirá empujando para lograr la aprobación del Dream Act y de una reforma migratoria integral" que resuelva la situación de 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin la debida documentación.
Los beneficiados por la medida quedarían en una situación similar a aquellos amparados en el TPS porque podrán obtener permisos de trabajo renovables cada dos años, pero la diferencia jurídica fundamental es que el TPS es un estatus migratorio especial concedido por el Congreso estadounidense a ciudadanos de países que hayan sufrido desgracias naturales. Organizaciones pro inmigrantes y de la comunidad hispana han criticado a Obama no sólo por incumplir su promesa de lograr una reforma migratoria integral, sino por haber deportado una cifra sin precedentes de casi 400.000 personas en 2010 y 2011.
Mientras Obama reiteraba sus acusaciones de que la bancada republicana en el congreso obstruye cualquier intento de lograr una reforma migratoria, las autoridades migratorias han adoptado varias medidas administrativas en un intento por limitar las deportaciones a criminales y personas que reingresan ilegalmente a Estados Unidos. Numerosos republicanos se han opuesto a cualquier reforma migratoria, incluyendo el Dream Act, porque lo consideran una amnistía a personas que violaron las leyes estadounidenses. El aspirante republicano Mitt Romney ha dicho que vetaría el Dream Act de llegar a la Casa Blanca.
Al preguntarle si el anuncio de esta medida está relacionado con los esfuerzos de Obama para captar el voto hispano, el funcionario dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) "cada vez que toma un paso, ha evaluado el impacto de ese paso en reducir las probabilidades de que personas de bajo riesgo (a la seguridad pública) vayan a ser deportadas". "Y sobre la base de ese análisis toma un siguiente paso. Ahora tenemos más información sobre los resultados de la revisión de casos por casos y tras ese análisis DHS ha adoptado este nuevo paso", dijo el funcionario sobre la revisión de 300.000 casos migratorios que DHS inició el año pasado para excluir a personas sin antecedentes criminales de procesos de deportación. Los latinos representaron más de 7% de los votantes en la elección presidencial de 2008, según el Pew Hispanic Center, y su presencia es aún mayor en Nevada, Nuevo México, Colorado y Florida.
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