“En toda contienda, sobre todo cerrada, hay que estar dispuesto a ganar y a perder y tan digno de respeto y admiración es el que sabe perder como el que sabe ganar. El que pierde en sus aspiraciones a gobernar una nación en una democracia electiva no es despojado de un derecho adquirido, sino que simplemente, por esta vez, otro es el preferido por la ciudadanía. Frecuentemente por complejas y diversas razones.
“Una campaña electoral tensa y agresiva ha radicalizado visiones, planteamientos, actitudes y sentimientos de demasiados dominicanos y ha debilitado no sólo la cohesión nacional, sino también la de muchas familias y grupos sociales.
QUE SE PLANTEA?
1. En primer lugar, la Ley de Partidos Políticos, que ha sido tan esperada por la Sociedad Dominicana, y dejada durante más de una década fuera de la agenda congresual; siempre anunciada, mas siempre postergada ¿Dónde están los valientes legisladores que se atrevieron a romper con esa prolongada irresponsabilidad?
2. En segundo lugar, la aprobación de una Ley de Campaña Electoral, que le ponga fin al dispendio de recursos en la política partidista y que paute el financiamiento y los tiempos de las campañas proselitistas.
3. En tercer lugar, poner la mirada en el fortalecimiento de la democracia. Tanto los líderes políticos como el pueblo en general deben abrir el horizonte de la participación a las nuevas fuerzas emergentes y al liderazgo renovado, que no necesariamente se puede encontrar en los grandes partidos políticos tradicionales. Es importante que, para que tengamos una mejor y fortalecida democracia, se les dé mayores oportunidades a los partidos minoritarios, cuyos líderes demuestren tener un auténtico espíritu de servicio desinteresado a la Nación, planteen una mejor plataforma política con una visión clara de lo que significa gobernar un país con sentido de justicia y teniendo como norte el bien común, ofrezcan un programa de gobierno que responda a las mas urgentes necesidades del pueblo, y sobre todo, que puedan exhibir en su hoja de vida social, pública y privada, una mayor coherencia con los principio éticos y morales, particularmente, lo que tiene que ver con la honradez, el trabajo y la disciplina. Conjuntamente con todo esto precisamos:
4. Romper radicalmente con las prácticas corruptas del enriquecimiento ilícito a través del ejercicio de la política, que desencanta a nuestros jóvenes, los cuales terminan abominando estas prácticas inmorales y clientelistas, desencantados por este obrar que desaloja cualquier criterio de ciudadanía y torna a los partidos en meras agencias para dispensar favores de compromisos electorales.
5. Campañas más cortas en el tiempo. El tiempo legal o plazo para la Proclama que inicia la Campaña Electoral debería ser de no más de cuatro (4) meses antes de las elecciones. Aunque, bien podría el Pleno de la Junta Central Electoral en atención a lo dispuesto en el artículo 6, literal a) de la Ley 275-97: “Modificar, por medio de disposiciones de carácter general, pero únicamente para una elección determinada, los plazos que establece la presente ley para el cumplimiento de obligaciones o formalidades, o para el ejercicio de derechos, ya sea en el sentido de aumentar o en el de disminuir los plazos, cuando a su juicio, fuere necesario o conveniente para asegurar más eficientemente el ejercicio del derecho del sufragio”.
6. Tope en el gasto. La razonabilidad exige hoy ponerle un límite, un tope, al gasto de campaña, ya que principios económicos, elementales, como la Ley de Rendimientos Decrecientes, por ejemplo, vienen a servir de advertencia para que se enjuicie la necesidad real de no emplear irracionalmente tanto dinero sin que esté presupuestado, en la procura del favor de una voluntad política, cuando llega un momento en el que la saturación en el uso de la propaganda en los medios de comunicación viene a ser contraproducente.
7. Equidad en el uso de los medios de comunicación. El uso desproporcionado e injusto de los medios de comunicación es una realidad en las campañas electorales. Las encuestas de preferencias electorales proporcionan cierta orientación respecto de hacia donde se encuentra la intención del voto de la mayoría, en un momento determinado, y señalando en la realidad hacia donde fluirán los recursos económicos y las posibilidades de presencia en los medios de comunicación, ya sea porque esos candidatos puedan pagar la tarifa o porque se les concedan tarifas privilegiadas o gratuitas. De donde, para garantizar el equilibrio de la pluralidad y para que no se concentren injustamente las posibilidades de participación en los medios, es preciso que esta participación sea reglamentada, a fin de que los votantes tengan la posibilidad de escuchar todas las plataformas de la oferta electoral, sin exclusiones caprichosas e interesadas.
8. Uso legal de los recursos del Estado. Los únicos recursos del Estado que los partidos pueden utilizar lícitamente, en la campaña electoral, son aquellos que éstos reciben como asistencia económica del Estado y que les entrega la Junta Central Electoral, de conformidad con la ley vigente. Todos los demás recursos estatales que se utilicen en la campaña son ilícitos y contrarios a la Ley General de Presupuestos y Gasto Públicos.
9. Debate de candidatos. Aun cuando no ha estado presente en la tradición política de nuestras campañas electorales, muchos entienden que el debate entre los candidatos presidenciales podría servir como un elemento importante a los fines de que se reduzca el tiempo de campaña y de que la población sea debidamente edificada respecto de a oferta programática de cada candidato.
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