Participación Ciudadana, a la caza constante de cualquier 'desviación' del oficialismo, aspiraba a dirigir el proceso de observación de las elecciones del 20 de mayo, para lo cual pretendía $60 millones de pesos de la Junta Central Electoral y/o organismos internacionales.
Participación Ciudadana ha exigido a las dependencias públicas del país, de acuerdo a un comunicado de prensa que emitió hace unos días, informaciones sobre los salarios e incentivos que reciben los funcionarios de 102 instituciones gubernamentales.
El pedido se produce como parte del 'seguimiento' que la organización da todo lo que represente el oficialismo bajo la administración del Presidente Leonel Fernández y el PLD, dado su visible inclinación con la oposición política y sus esfuerzos por tener áreas de poder importantes en la Junta Central Electoral.
En ese sentido, al tiempo de estas exigencias que ha hecho Participación Ciudadana, sus ejecutivos deberían explicar públicamente también los niveles de beneficios marginales que reciben por lo menos 41 funcionarios y/o empleados de esa institución, que recibe fondos públicos como una Ong, y cuya nómina bruta mensual asciende a $2,1 millones de pesos, aunque en la misma no se consignan salarios e igualas, y mucho menos los beneficios marginales, de varios miembros de su plantilla. En su auditoria del 2011, Participación Ciudadana consigna $36,388,096 pesos como gastos de personal y $3,631,691 pesos como gastos de 'honorarios'.
Participación Ciudadana, de acuerdo al Estado de Cuentas de la auditoría de la gestión 2011, realizada por la firma privada Campusano y Asociados, fechada el 12 de enero de 2012, tuvo ingresos –del 1ro. de septiembre de 2010 al 30 de septiembre de 2011, que es el período consignado en la auditoría publicada- por $171,815,886.00 pesos, de los cuales $109,992,954.00 pesos fueron de 'donaciones', mientras que los 'gastos operacionales' fueron de $161,639,119.00 pesos.
El principal 'donante' de Participación Ciudadana sigue siendo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para diferentes proyectos, unos 200,000 euros de la Unión Europea para observación electoral, y se consignan como 'otras donaciones' unos $55 millones de pesos recibidos.
El pedido de PC
El movimiento cívico, muy activo en el proceso electoral actual y de todo lo que tiene que ver con las acciones del Gobierno, procura obtener informaciones sobre el monto total de los incentivos, remuneraciones del titular de las dependencias públicas, servicios de teléfonos celulares, vehículos, combustible, chofer, los gastos usados en desplazamiento de sus funciones oficiales, incluyendo boletos aéreos, seguros de salud y de vida, dietas, seguridad, gastos de representación.
O sea. Participación Ciudadana quiere reportes de todo centavo que recibe, directa o indirectamente, cualquier funcionario de toda la administración pública, incluyendo de los organismos descentralizados, el Poder Judicial con la Suprema Corte de Justicia incluida, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y el Poder Legislativo, con el Senado y la Cámara de Diputados.
Todo, según la nota informativa difundida, para el 'monitoreo' que lleva a cabo Participación Ciudadana a través del Observatorio Ciudadano de Seguimiento a la Administración Pública (OCSAP).
La información de prensa está basada en una declaración del director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, planteando que la petición tiene "suma importancia dado que uno de los factores de riesgos altos de corrupción en la administración pública es la discrecionalidad en la designación de los servidores públicos y el derroche de los recursos del Estado".
La nómina de PC
En la nómina 'oficial' de salarios fijos de Participación Ciudadana se consignan 41 empleados, encabezados por Cabreja, con un sueldo mensual de $202,659.00 pesos, sin incluir gastos marginales, como celulares, vehículos, gastos de representación, viáticos, choferes, vacaciones, salarios extras y/o bonos.
No se consigna en la nómina publicada el pago, incentivos y/o manera de gastos del Coordinador Nacional, la figura principal de Participación Ciudadana, cargo rotativo anualmente. Acaba de salir de la posición el licenciado Samir Chami Isa, y actualmente lo es el abogado Francisco –Pancho- Álvarez.
Le siguen en el orden salarial Dionisia Cristina Aristy Cedeño, Encargada Administrativa de Participación Ciudadana, con un salario mensual de $184,368.00 pesos; Rafael Damares Toribio Domínguez, Coordinador General, con $112,000.00 pesos mensuales; José Wenceslao Ceballos Fernández, Encargado de Sociedad Civil y Justicia, con $112,000.00 pesos mensuales, Pedro Wilfredo Lozano López, Coordinador Académico PFGP, con $98,280.00 pesos mensuales, y Juset Carniola Rosa Frías, Coordinadora Administrativa PFGP, con $96,175.00 pesos mensuales.
Ninguno de estos salarios, igual que el de Cabreja, tiene consignados los incentivos adicionales.
En la relación no se encuentran los cargos, ni salarios, ni modo de contratación de Encargados de Comunicaciones, ni de Relacionador Público, entre otras posiciones.
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