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lunes, 11 de abril de 2011

Margarita Cedeño de Fernández, los otros y yo

La inscripción ayer de la primera dama Margarita Cedeño de Fernández  como precandidata presidencial  del Partido de la Liberación (PLD), ha desatado una suerte de  tormenta en el Comité Político de esa organización, algunos  de cuyos integrantes presionan para que  decline tal designación.
La precandidatura de la señora Cedeño de Fernández fue  aprobada por el  62 por ciento de los miembros  del Comité Central peledeísta que también  ratificó la nominación de otros seis aspirantes.

A pesar de que esa escogencia no viola o transgrede los estatutos  del PLD y que se produjo sin evidentes  vicios de consentimiento,  sectores que se definen como mayoritarios dentro del CC del partido morado,  reclaman que ella resigne esa precandidatura.
Dentro y fuera del PLD se promueve el criterio de que la promoción de la  esposa del presidente Leonel Fernández  causaría fisura  al interior de esa organización o de que el mandatario intentaría inclinar la balanza en su favor.
Las posibilidades  de  que durante el proceso electoral  del PLD  se produzca alguna  grieta en la unidad partidaria o de que se denuncie  uso  recursos del poder, serían similares con o sin la precandidatura de la Primera Dama.
En vez de intentar impedir que ella pueda optar por la nominación presidencial, la dirección del PLD debería exigir al  presidente Fernández que  honre su promesa de  constituirse en árbitro imparcial  en la campaña interna del PLD.
La Constitución de la República  confiere derecho a la doctora Cedeño y a cualquier otro ciudadano a elegir y ser elegido, con las únicas limitantes  que señale la ley, por lo que  a nadie en el Comité Político del PLD le asiste derecho de revertir lo decidido de manera libérrima en el Comité Central. Máxima instancia partidaria.
Duele decirlo, pero a élites políticas, económicas, mediáticas y religiosas les complace pregonar democracia en calzoncillos, por lo que derechos civiles y políticos inalienables carecen de  valor  cuando  afecta sus intereses. Es el caso de  quienes  sin ningún motivo jurídico ni político objetan  la nominación de la doctora Cedeño de Fernández.

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