Al endosar ayer al Partido de la Liberación (PLD) el compromiso de decidir sobre su eventual repostulación, el presidente Leonel Fernández admite la intención de optar por la reelección en las elecciones de 2012, lo que obligaría a los órganos de justicia a determinar la pertinencia jurídica de ese mal disimulado propósito.
El Presidente se proclamó garante de los más de dos millones de firmas recolectadas entre ciudadanos que respaldarían su reelección, pero advirtió que corresponde al PLD, cuyo Comité Central se reunirá el 10 de abril, pronunciarse sobre ese pedido.
Tal parece que el mandatario considera despejado el camino para que ese partido inscriba y apruebe su candidatura, aun sin solventar el impedimento constitucional a la reelección, lo que sin dudas constituye un gran dolor de cabeza para la dirigencia peledeísta, que ignora cómo impulsar ese proyecto sin violar la Carta Magna.
La primera exploración en busca de una “brecha constitucional” a las aspiraciones reeleccionistas se habría hecho por vía de la aprobación por mayoría simple de las observaciones presidenciales a la ley que regula el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano que designa los jueces de los tribunales de Garantías Constitucionales y Superior Electoral.
Al denunciarse que las cámaras legislativas violaron la Constitución al aprobar esa pieza sin el voto de la mayoría calificada, al Presidente no le quedó más remedio que devolver esa ley al Congreso, con lo que se dificulta integrar los tribunales de control constitucional y electoral a imagen y semejanza del proyecto reeleccionista.
Otra cuestionable salida sería la de convocar a un referéndum o plebiscito para que el electorado se pronuncie con un sí o un no a la propuesta de modificar la recién entrenada Constitución e insertar la figura de la reelección presidencial consecutiva, pero esta vía parece difícil de transitar por falta de tiempo.
Emplazar al PLD a decidir sobre el tema de la repostulación presidencial indica que el camino escogido sería el de que ese partido proclame la candidatura del presidente Fernández y que una vez inscrita en la Junta Central Electoral (JCE), se desaten los demonios jurídicos y políticos sobre la endeble plataforma institucional de la República.
Sin menospreciar los más de dos millones de firmas de ciudadanos que respaldarían una eventual reelección presidencial, el camino menos traumático sería que la dirección del PLD le devuelva la pelota al presidente Fernández, en la esperanza de que el mandatario finalmente entre en razón.
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