Mabel Féliz ha dicho que inmuebles y vehículos incautados o decomisados a narcotraficantes y acusados de lavados de activos son asignados de manera antojadiza a generales y coroneles, porque el CND no dispone de recursos para pagar custodias de esos bienes.
La funcionaria explicó que cuando esos vehículos son reclamados por propietarios favorecidos con sentencias de descargo, esos generales y coroneles los devuelven deteriorados, por lo que el Consejo de Drogas tiene que invertir recursos en su reparación.
Se cuentan por decenas o centenares los apartamentos, casas, villas, fincas y otros inmuebles incautados por casos de narcotráfico o lavado de activos que hoy están en manos de particulares o de agencias no gubernamentales, sin que rija o se aplique al menos un reglamento sobre uso y usufructo de esos bienes.
Gente sin calidad jurídica para administrar o detentar bienes de esa naturaleza se pasean en carros lujosos o residen en fastuosos inmuebles que en los tribunales tienen la condición de cuerpo de delito. Nunca se sabrá qué se ha hecho con centenares o miles de cabezas de ganado, y granjas, porquerizas o la mercancía de restaurantes, bares y hoteles incautados a acusados de tráfico de drogas o de blanqueo de dinero.
El escándalo es mucho mayor de lo que ha planteado la doctora Féliz, pero esa funcionaria tiene el mérito de ser la primera que denuncia que generales y coroneles detentan vehículos y apartamentos asignados antojadizamente.
Se sabe que la legislación sobre bienes muebles e inmuebles incautados en virtud de las leyes sobre narcotráfico y lavado, acusan debilidades en cuanto al destino que debe darse a esos recursos, pero en ninguna parte de esa legislación se faculta a gente de poder o influencia a detentarlos de manera privilegiada.
En los hangares de la Fuerza Aérea, sol y sereno dañan valiosos equipos de navegación aérea, que esa institución no puede usar ni aun para combatir al narcotráfico, pero muchos oficiales militares y policiales usan vehículos de lujo o viven en mansiones incautados al narco, en condiciones de privilegio.
El procurador general de la República, el ministro de las Fuerzas Armadas y los jefes de estado Mayor y de la Policía, están en obligación de presentar ante el Consejo Nacional de Drogas una lista pormenorizada con todos los bienes o cuerpo de delito que hoy detentan antojadizamente oficiales y gente de poder.
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