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sábado, 8 de enero de 2011

Amnistía pide frenar repatriaciones, sólo carga en dado a los dominicanos


Amnistía Internacional (AI) urgió ayer a la República Dominicana a que "detenga de manera inmediata la deportación en masa de emigrantes haitianos" con la que su Gobierno pretende evitar la propagación del cólera. Según informó Amnistía en un comunicado, más de 950 haitianos, que vivían mayoritariamente en situación ilegal en el país vecino, han sido deportados a Haití en la última semana.


Los datos de Naciones Unidas indican que unos 600,000 haitianos vivían sin documentos en la República Dominicana antes del terremoto de hace un año y que esa cifra aumentó sensiblemente tras el sismo.

"Haití todavía se está recuperando de un devastador desastre natural. En vez de forzar a la gente a que vuelva a una situación desesperada, la República Dominicana y otros países deberían incrementar sus esfuerzos para ayudar a Haití y a su población", dijo Javier Zúñiga, asesor de AI.

Zúñiga indicó que no hay claridad sobre el estatus migratorio de muchos haitianos en la República Dominicana y recordó que "nadie debería ser deportado sin un examen individual de su situación".

Además, subrayó, "cualquier haitiano sospechoso de sufrir el cólera debería recibir un tratamiento médico adecuado".

"Devolver a la gente es condenarla a una situación en la que su salud y seguridad estarán en una situación de alto riesgo", agregó.
Unas 3,500 personas han muerto en Haití por el cólera.


Reacción dominicana

Desde Santiago, diferentes sectores de República Dominicana consideraron ayer como una intromisión el pedido de Amnistía Internacional para que el país detenga de manera inmediata la repatriación de inmigrantes haitianos indocumentados.

El Consejo de los Derechos Humanos y Civiles y un exdirector de Migración en la zona norte dominicana calificaron como una "falta de respeto" las pretensiones de AI hechas públicas ayer.

"Amnistía Internacional tiene que ser imparcial con su posición y exigir lo mismo a los demás países del mundo que ejercen el soberano derecho de expulsar a sus naciones a los extranjeros que viven de manera irregular", expuso ayer el presidente del consejo, Carlos Galván.

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