Al celebrarse el último Día de los Derechos Humanos de la primera década del siglo, debemos concentrarnos en los desafíos pendientes en derechos humanos para prepararnos para la próxima década. Lamentablemente no hay que hacer mucho esfuerzo para cargar la agenda. Sin perjuicio de importantes avances, aún continúan existiendo en nuestra región demasiadas deudas pendientes: ejecuciones extrajudiciales, tortura, discriminación, brutalidad policial, pobreza, analfabetismo, son solo algunas de ellas. Pero indudablemente, la violencia contra la mujer que continúa abatiendo a nuestra región debe ser una prioridad principal para todos los gobiernos de las Américas.
La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia en el hemisferio. En varios países de la región hay un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial de los casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, las mujeres víctimas de violencia utilizan poco los sistemas de justicia, lo cual en parte se explica por el maltrato y la discriminación que reciben al intentar acceder a recursos judiciales, así como por la persistente desconfianza de que las instancias judiciales puedan investigar y juzgar las violaciones. Esta situación de impunidad no solo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino que también perpetúa la violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en las sociedades americanas en menoscabo de sus derechos humanos.
A fines del año pasado, la Corte Interamericana emitió una sentencia histórica en un caso sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México. La Corte concluyó que las irregularidades en el manejo de evidencias, el retraso en las investigaciones, la alegada fabricación de los culpables, la ausencia de líneas de investigación que tuvieran en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneraron el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. La corte señaló que esta ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir.
Los índices de violencia contra las mujeres son altos también en otros países de la región y los índices de impunidad para estos crímenes son igualmente inaceptables. La manera de combatir este tremendo flagelo es a través de medidas que permitan completar rápida y efectivamente los procesos penales contra los agresores de actos de violencia doméstica y violencia sexual en fueros judiciales imparciales; llevar a cabo investigaciones serias, imparciales y exhaustivas para determinar la responsabilidad de los agresores; capacitar a operadores de justicia sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres como violaciones a los derechos humanos; garantizar que las víctimas reciban un trato digno y respetuoso al acudir a instancias judiciales, y ofrecer una reparación a las víctimas de violencia contra las mujeres.
Algunos Estados en el hemisferio han hecho esfuerzos significativos para avanzar en este sentido. Brasil, por ejemplo, adoptó el 7 de agosto de 2006 una ley especializada en violencia doméstica, la cual incluye un conjunto de intervenciones estatales destinadas a prevenir, investigar y sancionar estos actos. Esta ley lleva el nombre de María da Penha, una víctima de violencia doméstica en Brasil que quedó parapléjica como consecuencia de los golpes e intentos de homicidio de su esposo y llevó el caso a la Comisión Interamericana.
En muchos países hay un reconocimiento formal y jurídico de la violencia contra las mujeres como un desafío prioritario, pero existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida. Es urgente e indispensable redoblar los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres, que se cobra miles de vidas cada año y genera daños físicos, psicológicos y emocionales a las víctimas directas de esa agresión, así como a familiares y a la sociedad como un todo. Para garantizar el derecho a una vida digna de todas las mujeres de las Américas es imperativo acabar con el patrón de impunidad que existe en muchos países de la región. La única manera de combatir la impunidad es diseñar políticas estatales para garantizar una respuesta judicial idónea, que sea inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, ante cualquier acto de violencia contra una mujer.
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