Los índices de criminalidad y la declinación de la seguridad ciudadana aconsejan, entre otras cosas, invertir recursos económicos en mejorar la preparación y equipamiento de los policías, así como las condiciones de vida de estos servidores públicos que se juegan la vida persiguiendo a delincuentes en ocasiones mejor armados que ellos mismos.
Sin embargo, ciertas partidas del presupuesto del Ministerio de Interior y Policía para 2011 nos indica que el Gobierno ha hecho todo lo contrario a lo aconsejable. No hay aumento salarial para los policías, para formación y capacitación de agentes y auxiliares se destinan 35.4 millones menos que el año que concluye; para asistencia y prevención para la seguridad democrática se destinan 20.3 millones menos que en 2010 y también hay recortes en capítulos como control de extranjeros y control de migración.
No hay manera de entender estas decisiones, sobre todo en momentos en que se necesita mejorar la capacidad de respuesta ante el auge del sicariato, la violencia generalizada asaltos y robos y otros hechos que han mermado sustancialmente la seguridad de los ciudadanos. Es extraño que invirtamos menos en mejorar la seguridad cuando más se necesita, y que hayamos actuado de manera similar ante la necesidad de mejorar la educación.
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